Diario El Mostrador, 09/05/2011.

En su columna “Lecciones del caso Kodama: del botín político a la desconcentración”, el ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, plantea diversas críticas sobre la forma en que el gobierno ha enfrentado los procesos de gestión del aparato público y hace un llamado a avanzar en temas de modernización del Estado.

Entre sus críticas, dispara contra la forma en que el Gobierno de la Coalición por el Cambio ha enfrentado el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), señalando “…estos problemas se ven exacerbados por el casi total desmantelamiento del sistema de alta dirección pública que avanzaba en la dirección de profesionalizar los servicios y hacerlos menos permeables a las presiones políticas y de otro tipo….”. Su afirmación es –a mi juicio- totalmente equivocada.

En primer término, la creación de la Alta Dirección Pública (ADP) fue posible no por una convicción de los gobiernos de la Concertación, sino por la situación crítica que enfrentaba el gobierno de Lagos ante los casos MOP – GATE. El proyecto fue un primer paso relevante, pero insuficiente, tal como lo planteamos junto a mi coautor en el trabajo del Consorcio de Reforma del Estado al que el ex ministro Bitrán hace referencia.
La modificación fue un primer paso porque permitió el concurso por mérito, pero fue insuficiente porque la Concertación no quiso avanzar en perfeccionamientos al sistema durante sus gobiernos. De hecho, el año 2007, durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, se envió al Congreso un proyecto para perfeccionar la ADP, pero no tuvo avance relevante alguno porque el gobierno no le dio urgencia. Era indispensable regular los interinatos, el rol del Consejo, los convenios de desempeño, etc., pero la Concertación no quiso darle relevancia al tema. Lo pidieron todos los expertos, de todos los sectores, y legislativa y administrativamente, no pasó nada para producir cambios.

Quienes verdaderamente mantuvieron vivos el SADP durante los gobiernos de Lagos y Bachelet fueron los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, quienes a pesar de la resistencia del sector público, lograron instalar una institucionalidad relevante e independiente.
Con la llegada de la Coalición por el Cambio, el SADP enfrentó por primera vez una situación de alternancia en el poder, y en el él se removieron autoridades dentro del marco y sistema aprobado en la ley. Este es un tema de fondo, pues en una nueva institucionalidad como la ADP, se requiere vivir experiencias de transición como ésta para sacar lecciones y avanzar hacia ajustes al mismo. La diferencia para el proceso de modernización del Estado es cómo reaccionan las instituciones y los liderazgos políticos ante los nuevos escenarios.

En este caso concreto, los resultados están a la vista. La experiencia de esta transición hizo ver al ejecutivo la necesidad de hacer cambios en la manera de administrar el sistema, y no esperó la dictación de una ley para implementar cambios. Así, a fines del año 2010 se dictó un instructivo para limitar las facultades de las autoridades interinas, y para auto restringirse en sus facultades como ejecutivo. Es inusual y constituye una señal potente de compromiso con el SADP, que el ejecutivo estuviera dispuesto a auto limitarse en sus facultades para dar más transparencia y equidad en un sistema en proceso de instalación.

Más aún, durante la discusión de la Ley de Presupuesto, el gobierno se comprometió a ingresar al Congreso un proyecto de ley corta de ADP, cosa que ya se cumplió y que actualmente se discute en el Senado. Este proyecto incorpora a la ley las disposiciones contenidas en el instructivo de noviembre y además incorpora elementos como la indemnización por despido en casos que originalmente no estaban contemplados. Es de esperar que la Concertación esta vez sí se comprometa con sus votos en un proyecto para perfeccionar la ADP y avanzar en la gestión pública.

Pero el verdadero tema de fondo será el proyecto de modernización real de la ADP, tal como lo planteamos en nuestro trabajo del Consorcio de Reforma del Estado: modificar los convenios de desempeño para hacerlos verdaderos instrumentos de gestión pública, extender horizontal y verticalmente el sistema, revisar el rol del Consejo de Alta Dirección Pública en la supervisión de los convenios de desempeño, entre otras medidas.

En ese proyecto, que esperamos el gobierno envíe al Congreso durante el segundo semestre de este año, veremos la posición real de la Concertación ante la reforma del Estado: ¿permitirá que avancemos en los cambios reales? ¿O quedará capturada por la permanente negativa de la ANEF a producir cambios en la gestión del Estado? Sobre esto último, tendremos que esperar.