Si bien muchos personeros de gobierno han dicho que la reforma al Código de Aguas no afecta a los derechos adquiridos con anterioridad, lo cierto es que las normas contenidas en el proyecto indican lo contrario. Así, por ejemplo, el artículo primero transitorio del proyecto señala que «los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley seguirán estando vigentes, y podrán sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad con la ley», es decir, podría interpretarse que la forma de ejercer los derechos existentes actualmente se someterá a las nuevas reglas, no a las que existían antes del cambio en el Código. Esto constituiría una precarización del derecho y una potencial expropiación del mismo.

A ello se suma que el inciso segundo de ese artículo señala que los derechos antiguos caducan por no uso, o por su no inscripción. ¿Es esta disposición consistente con el reconocimiento constitucional del derecho de propiedad sobre las aguas contenido en nuestro ordenamiento jurídico? A mi juicio, no.

Por eso, si el Gobierno quiere despejar estas dudas, tiene que reconocer que las disposiciones contenidas en su proyecto afectan la propiedad y deben ser revisadas. Para empezar, basta que modifique la redacción de este artículo; ¿o tendrán la voluntad de generar una ambigüedad tal que permita que la jurisprudencia futura consolide la aplicación retroactiva para afectar los derechos existentes a la fecha?

Por otra parte, y respecto de la forma de abordar la discusión, me resulta muy preocupante el nivel de beligerancia que ha tomado el debate en torno a esta reforma. Si bien creo que es necesario hacer cambios importantes en materia de aguas, estos deben hacerse en conjunto con los usuarios del agua, y no en contra de agricultores, generadores eléctricos, mineros, asociaciones de canalistas y otros, que han mostrado su oposición al proyecto expresando de forma sólida sus argumentos a lo largo del debate. Si esta reforma no implicara -según dice el Gobierno- mayores costos para quienes usan el agua, no generaría un nivel de oposición tan amplio y consistente como el que hemos visto. En mi opinión, esto tiene una sola explicación: la reforma está mal formulada.

En virtud de ello, invito al Gobierno a pensar una reforma al Código de Aguas junto con los usuarios, que no ponga el foco en evitar a los especuladores -que, por lo demás, ya tienen sus derechos de agua, y paradójicamente podrían verse beneficiados por el aumento del valor de estos a causa de la reforma-, sino en los enormes desafíos que enfrenta el país en materia hídrica: la sequía, el cambio climático, la necesidad de fortalecer nuestra agricultura, dar seguridad a nuestra industria minera y de generación eléctrica, y garantizar el abastecimiento humano y ecosistémico, entre otros, a través de mecanismos para fomentar el mejor uso del agua, la inversión en nuevas fuentes de agua -como la desalación o las carreteras hídricas-, el fortalecimiento de las instituciones regulatorias y fiscalizadoras, y el fortalecimiento de las asociaciones de usuarios.

La discusión ya terminó en la Cámara de Diputados y se inicia ahora en el Senado. El Gobierno tiene que tomar una decisión: seguir adelante con una reforma que tiene un amplio rechazo y que afecta los derechos de propiedad, o hacer una pausa y reflexionar en conjunto con todos los actores involucrados en cómo hacer una reforma al Código de Aguas que se haga cargo de los enormes desafíos que tiene Chile en esta materia. Espero que el Gobierno enmiende y opte por el segundo camino.

Diputado Ernesto Silva M (El Mercurio)- 20 de Diciembre 2016