Diario Financiero, 27/05/2011. 

La semana pasada en el sector del Arrayán, en Lo Barnechea, una familia fue asaltada y su dueña de casa acosada pese a su condición de embarazo. Días después, uno de los sospechosos fue detenido, luego habría sido reconocido por los afectados, para finalmente ser liberado por la jueza de garantía. ¡Plop! Este caso ha generado conmoción, sorpresa e indignación.

Desde el punto de vista humano, la delincuencia hacia los hogares y el abuso a las personas generan una sensación en la sociedad de frustración y desconsuelo. Por ello, es urgente el avance de la agenda anti delincuencia que ha impulsado nuestro gobierno y donde se requiere ver resultados concretos.

En este caso, la labor preventiva no fue suficiente, pero la acción de persecución fue capaz prontamente de detener al sospechoso. La cadena del proceso sigue con el rol de los fiscales y de los tribunales de justicia, quienes en conjunto con el sistema carcelario, de rehabilitación y de medidas alternativas, constituyen el sistema que debemos perfeccionar y lograr que avance hacia la reducción de los niveles de delincuencia.

A raíz de casos como éste, vale la pena preguntarse dónde están los problemas de fondo.
Mucho foco se ha puesto en el último tiempo en la labor de las policías y menos en la tarea de los fiscales y los jueces, quienes tienen un rol fundamental en la resolución de los delitos y en la aplicación de las sanciones.

Una de las preguntas de fondo es cómo creemos que deben ser evaluados los jueces. ¿Qué esperamos como resultado de su rol? 
Hay ciertos principios que resguardar: independencia de los tribunales y cuidado en respetar que las decisiones se midan respecto del cumplimiento del derecho. Pero, ¿qué pasa si un juez o un ministro de corte otorga -ajustado a derecho- sistemáticamente libertades provisionales cuya consecuencia es que los acusados rehúyan la acción de la justicia? ¿Debemos estar conformes con ese desempeño? ¿Podemos pensar en otras formas de evaluación?
La evaluación de los jueces debe incorporar como componente los resultados de su acción. De no ser así, terminaremos con un sistema donde los tribunales se sienten responsables del cumplimiento del derecho, pero no necesariamente de los resultados en el combate a la delincuencia y la culminación de un proceso penal.

Es necesario avanzar hacia un sistema que incorpore indicadores de desempeño, construidos en conjunto con el Poder Judicial, que no se limiten a aspectos formales del cumplimiento de la ley, sino a aspectos sustantivos de los resultados que la acción de los magistrados han tenido en el éxito de los procesos penales. Por ejemplo, sería valioso conocer en un año calendario el porcentaje de libertades otorgadas por un juez que han tenido como consecuencia que el acusado rehúya la acción de la justicia.

Se trata de un tema complejo, pero que es relevante abordar. El caso del Arrayán ha conmocionado a la opinión pública y llama a la reflexión sobre la forma de conceder las libertades por parte de los magistrados y la forma en que los jueces rinden cuenta de su rol.