Es evidente que el terremoto y maremoto generaron un cambio en las prioridades de los primeros meses de gobierno. Para enfrentar la reconstrucción, el gobierno anunció un paquete de medidas que incluye el aumento de impuestos, además del uso de endeudamiento interno y externo, uso de recursos del cobre, reasignación presupuestaria, entre otras medidas.
El alza de impuestos ha generado polémica, pues muchos -entre quienes me incluyo- han planteado que se hubiera esperado el uso de otros instrumentos para financiar la reconstrucción. Pese a las posiciones, el gobierno ha insistido en el punto consiguiendo un apoyo transversal para la implementación de la medida.

El gobierno no habría propuesto el alza impositiva de no haber habido un terremoto. La excepcionalidad de las condiciones generadas por la catástrofe permitieron que se abriera la puerta a algo que siempre ha generado rechazo en la centro-derecha.

Pero el alza de impuestos no es la única política que puede surgir al alero de una catástrofe. Existen condiciones especiales para implementar cuatro iniciativas piloto en las regiones más afectadas: flexibilidad laboral, modernización y racionalización del Estado, concesión de colegios y concesión de hospitales.

Generar cambios permanentes en estos ámbitos requiere tiempo e implica altos costos de transacción en el proceso de construcción de la política pública. Cuando la medida es provisoria -como una parte del alza de impuestos-, o piloto, o focalizada en una zona -como la ley de flexibilización del seguro de cesantía-, es más fácil generar los acuerdos para lograr su implementación.
En ese sentido, el gobierno debiera impulsar una agenda agresiva para probar en las zonas varias de las medidas que son parte del programa de gobierno y otras que las circunstancias permiten implementar con éxito.

La flexibilidad laboral es una necesidad urgente, especialmente para aumentar la participación laboral de mujeres y jóvenes. Impulsar formas de teletrabajo en las zonas e industrias afectadas, flexibilizar los requisitos de acuerdo y término de relación laboral, entre otras materias, son fundamentales para mostrar a través de ejemplos piloto, que la flexibilidad laboral es un bien para los trabajadores que podría extenderse con más fuerza en el futuro a todo el país.

En materia de modernización del Estado, es tiempo también para una mirada más profunda. Es ahora la oportunidad para revisar en las zonas más afectadas la racionalidad y organización de los servicios públicos, los recursos que disponen y la forma en que cumplen sus objetivos. El hecho de que sólo un 1,5% del presupuesto haya podido ser reasignado es un ejemplo de que aún hay mucho por hacer para contar con un Estado acorde a las necesidades del Chile del siglo XXI.

Por último, en educación y salud se presenta hoy la oportunidad para concesionar más establecimientos y establecer estándares y prácticas de gestión que permitan avanzar hacia mejores resultados, consistentes con la cantidad de recursos que se han inyectado a dichas áreas en las últimas décadas.

El gobierno ha avanzado hacia la reconstrucción. Ahora le toca a nuestras ideas, implementando iniciativas innovadoras y piloto que reflejen las propuestas de un gobierno de la alianza en materia laboral, educacional, salud y funcionamiento del Estado.

Diputado Ernesto Silva M (Diario Financiero) – 30 de abril 2010