El debate previo al discurso presidencial del 21 de mayo estuvo centrado en los anuncios que el Presidente podría hacer o no hacer, y en la rendición de cuentas que al cabo de un año podría presentar el gobierno de la Coalición por el Cambio. Igualmente, existían altas expectativas sobre el pronunciamiento del Presidente en relación a la coyuntura energética y ambiental generada por HidroAysén.

Nadie podría señalar que cuenta, anuncios y coyuntura no fueron parte del discurso, pero –a mi juicio- no fueron lo único relevante.

Al finalizar su cuenta anual, el Presidente se preguntaba qué podría desviarnos del camino a la superación de la pobreza y de alcanzar el desarrollo, y planteaba que nuestra sociedad enfrenta dos riesgos fundamentales: el primero es que se instale lo que él denominó “el germen de la división y el virus de la beligerancia… que impidan el diálogo constructivo y alcanzar acuerdos fecundos”, y el segundo debilitar nuestras instituciones, porque como lo señaló el Presidente, “Sin instituciones, la fuerza reemplaza a la racionalidad, la inestabilidad se adueña de la vida pública y los derechos se tornan frágiles”.

Ambos riesgos van de la mano.

Las instituciones –según North- son el conjunto de reglas formales e informales que estructuran el marco de incentivos en el cual interactúan los individuos en la sociedad. Esta definición, aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, tiene plena validez en el ámbito de la política, donde las instituciones se transforman en el mecanismo para resolver y canalizar las divergencias.
Si hay algo que ha distinguido el sistema político chileno de otros en la región, ha sido la calidad de las instituciones. Las instituciones establecen el marco para el comportamiento, y el primer desafío es preguntarnos si el marco actual es capaz de canalizar y resolver las divergencias entre los distintos actores políticos. Todo indica que si bien el sistema es susceptible de importantes perfeccionamientos, Chile cuenta con una institucionalidad sólida, basada en nuestra historia y cultura, y que es capaz de permitir el desarrollo de políticas públicas coherentes y perdurables en el tiempo.

Pero no tenemos todo garantizado. Así como las instituciones hoy están sólidas y firmes, podría suceder que gradualmente en el tiempo se debiliten y erosionen. Eso no lo podemos permitir porque sus consecuencias serían lamentables, especialmente para quienes esperan con ansias la superación de la pobreza y la generación de más oportunidades.
Tal vez la principal tarea de los actores políticos es conducir sus ideas, críticas y planteamientos a través de la institucionalidad que todos hemos construido. Tenemos que tener mucho cuidado y celo con nuestras propias reglas.

Más allá de las pancartas, berrinches y anécdotas que vimos en el Salón de Honor del Congreso Pleno el día 21 de mayo recién pasado, el desafío de fondo consiste en entender que las instituciones tienen un rol fundamental, pero que quienes le dan vida y sustento a las mismas son los líderes políticos, y las personas en general.

Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones es tan relevante. No nos invita sólo a diseñar y mejorar las instituciones chilenas, sino a ejercer nuestro rol desde la ética pública y la responsabilidad con el desarrollo amónico de Chile.

En un mundo consumido por la opinión pública y las redes sociales, donde el conflicto y el enfrentamiento son fuente de atracción y titulares en los medios, el llamado a los líderes políticos es a ejercer su rol con responsabilidad y sentido de país, reconociendo que el cuidado que hoy hagamos de las instituciones implica un beneficio importante para el país en el tiempo. La ganancia pequeña del conflicto y la división puede ser muy costosa para todos en el tiempo. Por eso el llamado presidencial a cuidar las instituciones apunta al corazón de los desafíos del sistema político chileno: cooperación, unidad, y liderazgo político dentro del marco de las instituciones.

Diputados Ernesto Silva M y Javier Macaya – 27 de mayo 2011.