Diario Financiero, 28/05/2010.

Se ha hecho mucho análisis en esta semana de los contenidos del discurso presidencial del 21 de mayo. La mayoría de los análisis ha puesto el foco en el contenido de las políticas públicas propuestas, relegando a un segundo plano algunos elementos de estructura y estilo de gobierno, que de implementarse bien, pueden contribuir a un progreso significativo de la gestión pública.

Existen dos grandes desafíos para el Estado que suelen ser difíciles de abordar: definir metas de mediano y largo plazo, y medir sistemáticamente el progreso de las iniciativas en su objetivo de cumplir las metas.

Ambos problemas surgen de la naturaleza especial y de las restricciones propias del sector público. Si para una empresa u organización privada estos desafíos son del todo naturales, para las organizaciones públicas se trata de desafíos especiales.

La definición de metas de mediano y largo plazo es un ejemplo. Los presidentes y las autoridades en general suelen definir objetivos y metas circunscritos a su periodo o mandato. Esto puede entenderse toda vez que un presidente gobierna por cuatro años y no por una o dos décadas, pero la carencia de metas de mediano y largo plazo impide el alineamiento institucional hacia el logro de objetivos relevantes. En este contexto, el presidente Piñera propuso al país metas de mediano y largo plazo, que exceden en el tiempo su mandato, y que permiten traducir sus ideas en proyectos medibles en un horizonte de tiempo adecuado. Crecimiento económico, alcanzar el desarrollo como país, superación de la pobreza, calidad de la educación, etc., dejan de ser aspiraciones genéricas o vagas y se vinculan a una meta y a un plazo específico.

Lo que no se mide no existe. Esta idea -tan obvia en las instituciones privadas- no está internalizada verdaderamente en el sector público. Por eso, la creación formal de una unidad integradora de las iniciativas del Estado, que mida sistemáticamente el progreso de los proyectos hacia el cumplimiento de las metas, es un cambio importante y que puede apoyar de verdad hacia un mejor desempeño del Estado Chileno. Se trata de una forma de gestionar, de una manera de enfrentar el trabajo en la organización estatal.

En el corazón de este enfoque está el cambiar el foco de análisis: si nuestro Estado actual se centra mucho en los inputs, la idea es volcar la mirada hacia los outputs, y preferentemente hacia los outcomes. Un ejemplo sobre qué medir en materia de delincuencia: cuántos Carabineros se suman cada año (inputs), cuántas rondas policiales o prestaciones adicionales se logran en un año (outputs), cuánto disminuye la delincuencia en un determinado período de tiempo (outcome). Lo que verdaderamente nos importa es el resultado.

Por ello, el anuncio de la creación de la Delivery Unit es un gran paso hacia la gestión de un Estado más moderno y eficiente. Si bien algunos plantean dudas sobre la autonomía que puede tener un organismo evaluador que esté alojado en el propio Ejecutivo, me parece que su concepción es la adecuada para lograr un alineamiento decidido en el sector público hacia la definición e integración de metas y hacia la medición sistemática y transparente de las mismas. Bien por la Secretaría General de la Presidencia y por Claudio Seebach, quien tendrá el tremendo desafío de liderar e implementar este proceso.