El gobierno de la Coalición por el Cambio definió siete grandes reformas para Chile. En este listado, de la que menos se habla es de la Modernización del Estado. Se trata, a mi juicio, de uno de los ejes más importantes para lograr que el país alcance los niveles de desarrollo que permitan que los chilenos vivan mejor.

No podemos esperar avances relevantes si no somos capaces de modernizar el Estado en serio.
Los hechos que han sido parte del debate público y político de las últimas semanas, son un ejemplo más de que el Estado -como está hoy- no da el ancho para lo que el país necesita.

Asesores que cumplirían roles de carácter más bien directivo, procesos lentos y débilmente controlados, necesidad de acuerdos extrajudiciales por errores previos en la gestión de la actividad pública, muestran nuevamente que el Estado debe avanzar y debe hacerlo con urgencia.

Por eso, creo que no hay que esperar más y tomarse el tema de la modernización del Estado en serio, avanzando en los nudos de fondo que limitan la competitividad, eficiencia, y rendición de cuentas.

Se necesita un nuevo trato para los funcionarios públicos a todo nivel, no sólo para los altos directivos, revisando la inamovilidad, incorporando mejores sistemas de evaluación y mejores procesos de gestión de recursos humanos.

Se requiere transparentar la añeja situación de las plantas de funcionarios, del personal a contrata y de quienes están a honorarios. La rigidez actual del Estado no permite un sistema racional y eficiente de recursos humanos que compatibilice protección en el empleo con eficiencia en alcanzar las metas que el gobierno se propone.

Urge, además, avanzar en la evaluación de los programas, en la rendición de cuentas de las autoridades y de los servicios, y en la forma en que se preparan y ejecutan los presupuestos.

Por otra parte, la descentralización y la asignación de decisiones y recursos a los gobiernos locales es parte de los desafíos centrales de cualquier modernización del Estado, y, en este punto, seguimos muy atrasados.

Si revisamos la década pasada, hubo dos grandes olas modernizadoras del Estado. La primera fue en 2003 con el Acuerdo de Modernización, que se tradujo en una potente agenda corta que incluyó la Alta Dirección Pública, el Sistema de Compras Públicas, el Financiamiento Público de la Política, la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otras. La segunda fue en 2007-2008 cuando se intentaron aprobar varias medidas pero sólo destacó la Ley de Transparencia. Tal vez la diferencia estuvo en que en 2003 existía un consenso previo entre expertos técnicos y políticos sobre cómo se debía avanzar. El consenso de 2007, en cambio, era menor.

Hoy tenemos una oportunidad enorme porque se juntan dos factores críticos para avanzar: conciencia sobre la necesidad de reformar el Estado y bases para un consenso técnico en lo que se debe abordar. El Consorcio de Reforma del Estado del año 2009 propuso muchas y buenas soluciones.

Por ello, el gobierno debe promover con urgencia este pilar del programa de gobierno, impulsando una agenda modernizadora contundente y ambiciosa.

 Diputado Ernesto Silva M (Diario Financiero) – 29 de abril 2011