En su tema de portada de la semana pasada, The Economist se pregunta cómo detener las guerras contra las drogas y cómo tener éxito en esta lucha. La receta que propone hoy –y que ya viene proponiendo hace veinte años- es la legalización, entendida como un mal menor ante el fracaso de las estrategias de prohibición que han imperado en las últimas décadas.
En su campaña pro legalización de las drogas, el semanario desarrolla una batería de interesantes argumentos. En primer lugar, señala la actual ilegalidad de las drogas fomenta la existencia del narcotráfico, del crimen organizado y de mercados negros e ilegales. En segundo lugar, argumenta que una eventual legalización produciría ahorros en los costos de regulación, permitiendo la focalización de recursos hacia la prevención y el tratamiento. En tercer lugar, se sostiene que la legalización de las drogas podría permitir incluso el desarrollo de mercados legítimos que mejoraran la calidad de las drogas y eventualmente incluso redujeran eficientemente sus potenciales daños. Por último, y en cuarto lugar, se argumenta con fuerza que la lucha contra el narcotráfico en varios países ha llevado a los gobiernos al límite de convertirse en “Estados Fallidos”, incapaces de enfrentar con éxito este flagelo y sostener su viabilidad democrática.

Se trata de argumentos interesantes y atendibles, fundados fuertemente en un análisis de eficiencia económica y de optimización del funcionamiento de los mercados. En efecto, los mercados son siempre perfectibles. Pero ello no implica, necesariamente, que la aspiración a un mercado perfecto sea el enfoque principal en este tema. Lo que creemos como sociedad, los incentivos que generamos, las opciones que ofrecemos a las familias y a los jóvenes, son relevantes y son parte del análisis también. Al final del día: ¿en qué sociedad queremos vivir? Esa debe ser parte de la discusión y del debate.

En las líneas que siguen, quisiera analizar los argumentos para promover la legalización y plantear un contrapunto.

Tal vez el primer punto del análisis consiste en determinar qué drogas legalizar. Una cosa es legalizar la marihuana (y eventualmente otras drogas blandas), y otra es legalizar todo tipo de drogas, aunque sean duras y de alto daño potencial. Las drogas duras producen alto daño, generan alta adicción e incentivos perversos en las personas, afectando severamente su salud. No parece una opción siquiera la legalización de drogas de este calibre en nuestro país, por muy eficiente que llegara a ser la creación de un mercado lícito para ello. Inaceptable.
Si descartamos la opción de legalizar drogas duras y nos focalizamos en la discusión acerca de la marihuana, los argumentos pro legalización se debilitan.

Respecto del primer argumento, con la legalización de la marihuana no se eliminaría el narcotráfico, ni la posible corrupción de las policías y tribunales, ni los mercados negros, pues seguirían existiendo incentivos para su desarrollo respecto de la cocaína, heroína, y muchas otras drogas.

En lo relativo al eventual ahorro de los costos de regulación, ello es dudoso y discutible. Es más, es probable que aumenten los costos de regulación dado que habría que crear servicios públicos y contratar funcionarios para definir el estándar de la marihuana, su etiquetado, atender los reclamos de los consumidores ante el SERNAC y otras instituciones, definir los lugares y horarios de consumo -¿se podría consumir en horario de trabajo?-, la publicidad de la marihuana, la política en los colegios, entre muchas otras regulaciones. En síntesis, en materia de regulación podrían aumentar los costos con la legalización de la misma.
Se ha argumentado que un mercado lícito podría incentivar mejoras en la calidad de las drogas y eventualmente reducir su efecto dañino, a través del desarrollo de mejores tecnologías. Ello es efectivo, pero también es efectiva la posibilidad de que suceda lo contrario, es decir, que en un mercado lícito de la droga sus oferentes busquen nuevas formas de aumentar la adicción y dependencia, generándose un incentivo perverso y de alto costo.
El último gran argumento es el fracaso de los “Estados Fallidos” en su lucha ante el narcotráfico. En este caso el argumento es incorrecto. En dichos países el problema no es el narcotráfico, sino la calidad y seguridad de sus instituciones. Los promotores de este argumento piensan que a través de la legalización los países dejarán de ser fallidos. Querer corregir la calidad de las instituciones a través de la legalización de la droga es utilizar un instrumento equivocado.

Para terminar, y dejando de lado los argumentos anteriores, me parece importante preguntarse en qué sociedad queremos vivir, y qué señales queremos darle al narcotráfico, a las familias y a los jóvenes. Hay que recordar que las drogas producen importantes externalidades, generan un alto costo social, y los primeros acercamientos a ella suelen venir acompañados de una gran escalada en su consumo y adicción. Abrir la puerta a la marihuana hoy puede abrir puertas insospechadas y perniciosas en el futuro. No queremos eso para nuestro país. Vale la pena seguir dando –y perfeccionando- la lucha frontal contra la droga y el narcotráfico.

Ernesto Silva M (Revista Qué Pasa) – 29 de marzo 2009