El anuncio del Gobierno de vender la participación que CORFO mantiene en las sanitarias Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal no debiera sorprender a nadie.

En efecto, esta medida sólo concluye un proceso iniciado en los noventa por el ex Presidente Frei, seguido en 2003 bajo el gobierno del ex Presidente Lagos, y continuado en el programa de gobierno de la Coalición por el Cambio y en el discurso presidencial del 21 de mayo pasado. Pretender argumentar que ésta es una decisión sin historia es simplemente quedarse preso de la ideología y de los temores sin fundamento.

El proceso que inició Frei en los noventa tenía por objeto contar con empresas sanitarias de altos estándares, incentivando el desarrollo de inversiones que el Estado no podía realizar. Por ello, se enajenó el control de las empresas. Años después, el 2003, y por unanimidad, se acordó en el Congreso eliminar la restricción que exigía al Estado mantener un 35% de propiedad en dichas empresas. Fue en ese momento cuando los gobiernos de la Concertación, con acuerdo unánime del Congreso, radicaron en el Consejo de CORFO la decisión de mantener o no tal participación. Por lo tanto, lo planteado en el programa de la Coalición por el Cambio y el discurso presidencial del 21 de mayo es consistente con lo ocurrido desde la década pasada y se trata, además, de una decisión pertinente y oportuna.

Hoy, habiendo pasado muchos años desde el inicio del proceso, no quedan razones valederas para que el Estado mantenga propiedad en estas empresas. Y, en honor a los hechos, quienes apoyaron por unanimidad la autorización de venta de estas empresas hace ya siete años, dificulto que cuenten con argumentación suficiente para criticar esta medida.
Es que los usuarios están protegidos, pues los precios son regulados a través de un proceso tarifario; las inversiones y los servicios prestados son resguardados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y existe un precio de referencia para la enajenación de la participación, dado que las empresas ya fueron enajenadas y valorizadas.

Por otra parte, esta medida trae diversos beneficios para el país. En primer término, ordena el rol del Estado en esta materia. Actualmente, el Estado tiene propiedad en empresas sanitarias y, al mismo tiempo, es fiscalizador de dichas empresas a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En este sentido, resulta pertinente que se aclare su rol y que el Estado se focalice en su misión de asegurar la debida prestación de servicios a los usuarios a través de su rol controlador desde la superintendencia.

En segundo lugar, esta venta aportará importantes recursos para todos los chilenos. Permitirá capitalizar empresas públicas relevantes como METRO, ayudando -entre otras medidas- al financiamiento de las nuevas líneas. Permitirá también aumentar el financiamiento que CORFO otorga a pequeñas y medianas empresas, apoyando la generación de empleo a lo largo de todo el país. No olvidemos que el 80% del empleo lo generan las PYMES, y en regiones el 95% de las empresas pertenecen a ese grupo. En lo que va de este año, CORFO ha demostrado un nuevo enfoque en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y esta medida ayudará a alcanzar mayor cobertura en esta ayuda.

La enajenación de la participación estatal en las sanitarias, además, permitirá al Fisco contar con nuevos recursos para la reconstrucción. De hecho, fue justamente en el contexto de la discusión del financiamiento post terremoto que, junto al diputado Javier Macaya, le pedimos al Gobierno que pusiera a la venta su participación en dichas empresas. He ahí otro elemento para respaldar esta medida, pues si para la Concertación el proceso de reconstrucción del país avanza a un ritmo demasiado lento -como nos han dicho-, no puede sino ser beneficioso para los miles de damnificados el que se inyecten nuevos recursos.

Por todas estas razones, creemos que esta medida apunta en la dirección correcta, viene a culminar un proceso iniciado en los noventa y cumple un compromiso del programa de gobierno.

Diputado Ernesto Silva M (Diario Financiero) – 23 de noviembre 2010