He de confesar que la salida de Vidal de la vocería de gobierno constituye un claro logro del Ejecutivo. Quizás por eso Carolina Tohá ha tenido una buena recepción y existen altas expectativas sobre su desempeño en el último año del gobierno de la Presidenta Bachelet. Era una diputada seria, inteligente y con un buen perfil para el cargo de vocero de gobierno.
Sin embargo, por muy saludable que sea la salida de Vidal de la vocería, la forma en que es designada por la Presidenta es una falta de respeto a la soberanía popular y ciertamente al funcionamiento normal de las instituciones.

Durante los últimos gobiernos de la Concertación, especialmente con Lagos, se hizo famosa la frase “dejemos que las instituciones funcionen”. Pues bien, parece que esa idea ha quedado guardada en un cajón y ha sido reemplazada por el concepto de “hagamos que las instituciones nos sirvan”.

Desde el momento en que la Presidenta manda a llamar al Congreso a un diputado elegido por votación popular para que sea su vocero, nos enfrentamos a un giro en el concepto de respeto hacia las instituciones.

Nuestro ordenamiento no contempla un mecanismo para la renuncia de los diputados ni para su posible salto hacia el gobierno. La forma en que esto se ha hecho ha sido es una forma de torcer los mecanismos institucionales y constituye un arreglo poco explicable.

Me parece que el Congreso queda dañado en este proceso, puesto que el Ejecutivo pasa a tener una especie de control y poder sobre él, aún mayor al que el ordenamiento constitucional consagra. De hecho, la nueva “doctrina” sobre el uso de los diputados como candidatos para los cargos del Ejecutivo podría generar nuevos incentivos para diputados que sueñen ahora con desafíos en el poder ejecutivo.

Hace algún tiempo se debatió la poco feliz posibilidad de autorizar la compatibilidad entre los cargos de ministro de gobierno y parlamentario. Afortunadamente esto no prosperó, amargando la ilusión de parlamentarios que deseaban reelegirse en sus cargos y aspiraban además a ser pilares del equipo ejecutivo del próximo gobierno. Dicha propuesta de modificación pretendía también adaptar las instituciones para la conveniencia personal, y surgía de un interés propio de sus promotores. Ya veremos si en el futuro, una vez que ya no estén en el Congreso, insisten en esta idea con convicción, o si ya dejan de promoverla porque ya no es útil ni conveniente.

Volviendo al caso de la vocería de gobierno, si el análisis no se limita al nombramiento –y destitución- de Tohá sino que se extiende a la llegada de Harboe al Congreso, se aprecia que La Moneda ha logrado hacer los enroques de piezas que considera necesarios para colocar en cargos claves a personas como Tohá y Harboe, independientemente de lo que haya dicho la voluntad popular representada a través de los votos. Harboe quiere ser diputado y hoy es útil para su partido que se incorpore al Congreso. Tohá no quiere seguir siendo diputada y planifica un cambio de giro, compatible hoy con las necesidades del gobierno.

Pero: ¿quién debe decidir quien entra y sale del Congreso? Las instituciones dan una clara respuesta, pero la Presidenta ha optado por otro camino.

Dicho en simple, Tohá no debió ser nombrada ministra, sino que debió honrar la representación que asumió al ser elegida por votación popular en el distrito de Santiago.
Imagínese qué pasaría si después de un tiempo a la Presidenta o al Ministro del Interior no les gusta el estilo de la vocera. ¿Se iniciará un nuevo enroque? Por ejemplo, ¿mandarán a llamar a Harboe como vocero esperando que el PPD vuelva a nombrar diputada a la vocera Tohá? En el nuevo esquema de palacio, esto sí sería posible. En la lógica de respeto de las instituciones, esto sería inaceptable.

Ernesto Silva M (La Segunda) – 16 de marzo 2009.